Límites a la libertad religiosa (2): el bien común según Victorino Rodríguez

2. En la presente entrada me remito básicamente a la exposición del P. Victorino Rodríguez y agrego algunas reflexiones personales.

Comparto la crítica del fraile a la poco clara distinción de la DH entre bien común y orden público: “…En mi opinión, el derecho que asiste, en principio, a la sociedad y a su representante o autoridad pública de limitar el abuso de la libertad de los ciudadanos, en el orden social-religioso, como en cualquier otra actividad social, es tan amplio como el bien común lesionado. La sociedad tiene derecho natural a defenderse de los abusos de libertad no sólo en las grandes cosas, sino en todas, como el individuo tiene derecho natural a defenderse de su vecino en los grandes y pequeños abusos contra su persona o sus c0sas. La distinción entre ´orden público´ y ´bien común´ no es distinción esencial en derecho natural y teológico, sino accidental, en el aspecto de exterioridad y control jurídico-policial, sin que el orden público pueda considerarse como la parte principal del bien común.”

Es un hecho de experiencia jurídica que los estados se defienden de los atentados más graves contra el bien común con la máxima coacción posible (v.gr. derecho penal, acciones militares, etc.) y también se reservan un ámbito de competencia coercitiva para transgresiones menos graves (v.gr. derecho contravencional, administrativo, etc.), sin perjuicio de reconocer una zona de conductas no coercibles. La DH da a entender una limitación de competencias jurídicas estatales en materia religiosa que en otros ámbitos de la libertad social no existe e incluso resultaría dañosa para la sociedad. Además, los filósofos del derecho distinguían, y siguen diferenciando, con bastante nitidez entre el bien común integral y el bien común jurídico como el de conductas exigibles a título de justicia legal. Un ejemplo de esta deficiencia lo tenemos en el n. 4,d de la declaración conciliar, relativo al “proselitismo”. Fruto de los compromisos y las concesiones, la redacción de la DH incorporó una distinción entre “proselitismo legítimo” (realizado con medios honestos) y “proselitismo ilegítimo” (mediante coacción, persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas). Lo problemático de este inciso es puede ocurrir que toda actividad de propaganda difusora de una religión o secta -la propaganda incluye al proselitismo- pueda poner en peligro al bien común. Tomemos el ejemplo del Islam wahabista: promovido por Arabia Saudita, con su imperialismo, su justificación de la violencia, del maltrato a la mujer, etc. ¿Acaso un Estado no podría impedir toda propaganda wahabista por más “honestos” que fuesen los medios empleados en el proselitismo concreto? Limitarse a la tutela del orden público y prohibir sólo el “proselitismo inhonesto”, dejaría inerme a una sociedad en circunstancias muy peligrosas para el bien de la comunidad.

El Catecismo de la Iglesia Católica ha procurado cuanto menos mejorar la DH. En efecto, en el n. 1738 afirma que “…Este derecho debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público (cf DH 7)”; y el n.  2109, reitera que los “justos límites que le son inherentes deben ser determinados para cada situación social por la prudencia política, según las exigencias del bien común”. La mejora del Catecismo contrasta con las declaraciones de Monseñor De Smedt en el Aula Conciliar para justificar el empleo de “orden público”, tema sobre el que volveré en la próxima entrada.

En mi opinión, el abandono de la tradicional noción de “bien común” como límite de la libertad religiosa y su reemplazo por la noción de “orden público” es una de las más graves deficiencias de la DH.  La interpretación más realista de lo hecho por el Catecismo me la ha dado un muy lúcido ex funcionario: se ha reformado el texto conciliar sin reconocer expresamente su deficiencia y bajo pretexto de “hermenéutica”. Y es muy probable que haya acertado en su parecer.

En fin, lo cierto es que estamos mejor con Catecismo que sin él, y que es más claro decir que la inmunidad de coacción externa es un derecho subordinado a las exigencias del bien común determinadas por la prudencia política.

2 comentarios to “Límites a la libertad religiosa (2): el bien común según Victorino Rodríguez”

  1. theeremita Says:

    Martin Ellingham,

    Adhiero a todo lo que ha expuesto en estas entradas. Solo le hago una distinción con respecto al ejemplo que ha puesto: Incluso haciendo una interpretación “liberal” de DH con respecto al límite a la libertad religiosa impuesto por el orden público, el proselitismo de cualquier credo (o ideología) que contenga principios contrarios al “orden moral objetivo” podría prohibirse, de acuerdo a lo expuesto en el número 7 de la declaración.

    En mi opinión, el mayor defecto de DH en cuanto a los límites del derecho a la inmunidad de coerción, es el no mencionar explícitamente el derecho de los estados católicos de defender la unidad en la Fe (digo explícitamente, porque como ha opinado el P. Eustaquio Guerrero, no solo DH no lo niega sino que además, si se entiende rectamente el concepto de bien común, este derecho queda asegurado).

    De todos modos, dado el estado de hipótesis en el que se encuentra prácticamente la totalidad del mundo, limitar el proselitismo honesto basándose en el orden moral objetivo (habría que ver si este orden moral objetivo debe ser interpretado como la ley natural o el derecho natural) me parece, a priori, un límite suficiente.

    Finalmente, con respecto al catecismo, es interesante de cara a los acontecimientos por los que está pasando la Iglesia. Se sabe que la Santa Sede ha propuesto el texto del catecismo como una interpretación de Dignitatis Humanae de acuerdo a la Tradición (según se dice, esto figura textual en el preámbulo doctrinal). Y a decir verdad, dudo que (con respecto a este punto) pueda encontrarse en él algo contrario al magisterio pre-conciliar. ¿Que opina usted?

    Si bien no niego podría verse este texto como una “reforma tácita” al término “orden público” en DH, dada la ambigüedad propia del término, y otros factores como la carencia de nota explicativa para la declaración o la insuficiencia de la explicación del relator (básicamente, se eligió el término por razones más prudenciales que doctrinales, si mal no recuerdo), es evidente que iba a quedar sujeto a interpretación… interpretación que solo puede ser realizada legítimamente por el Magisterio.

    Un muy cordial saludo.

  2. martinelling Says:

    Eremita:

    Me parece que hay respuesta a varios de sus interrogantes en la entrada que acabo de publicar.

    En cuanto a su pregunta, podría haber un desdoblamiento: a) ¿Hay contradicción en el plano doctrinal?; b) ¿O hay una formulación doctrinal deficiente pero no contraria, que va unida a un cambio de signo prudencial-pastoral?

    Tiendo a pensar que la contrariedad no llega a ser doctrinal (supuesta una interpretación de la DH que es minoritaria) pero sí hay un cambio de signo en lo prudencial. Alguno podría decir que no hay catolicismo liberal doctrinal pero sí práctico. Pero las coincidencias prácticas pueden darse con los sujetos más diferentes…

    Saludos.

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