Límites a la libertad religiosa (y 3): el orden público

3. En la entrada anterior mencioné algunas críticas a la noción de orden público con las que estoy de acuerdo. En el itinerario que condujo a la DH, el relator De Smedt justificó el cambio en lo relativo a los límites de la libertad en los siguientes términos: “En la redacción de la declaración que proponíamos el año pasado afirmábamos que el ejercicio de la libertad religiosa estaba limitado por el bien común. Pero numerosos padres han hecho observar, con razón, que esta norma era excesivamente amplia y podía ser la causa de muchos abusos. Según la opinión común de los juristas y de los profesores de ciencias políticas, la competencia del Estado, en este terreno, se limita al mantenimiento del orden público.” Un argumento llamativo, porque las veces que el Vaticano II expone la misma cuestión en otros documentos apela siempre al bien común; además, se ha dado el caso de estados socialistas que han abusado de la noción de orden público para limitar la libertad de la Iglesia. A lo que De Smedt agregaría: “En el Derecho civil actual y en muchas constituciones públicas esta parte del bien común se denomina «orden público». Para que nuestro documento sea comprendido por el mundo moderno debe utilizar el término técnico que hoy se usa en sociedad. ¿De qué serviría denominar «bien común» a la realidad de que se trata, si este término no es usual, con dicho sentido, en el Derecho civil actual? Provocaría una gran confusión”. Otro argumento muy discutible porque si bien orden público es término técnico del mundo jurídico actual, también es verdad que no existe un concepto unívoco y universalmente válido de orden público. Los diversos sistemas jurídicos, en sus diferentes partes, tienen de él otros tantos diversos conceptos. Incluso esos diversos conceptos responden a diversos principios doctrinales en ordenamientos jurídicos. ¿Acaso el orden público religioso tiene las mismas exigencias en Italia que en Arabia Saudita?

La opción por el orden público ha sido poco feliz. No obstante me parece de interés reseñar ahora la posición de algunos autores (Jiménez Urresti y Ocáriz) que se han esforzado por determinar su significación objetiva y extraer todas las consecuencias que esta noción puede dar de sí. Compártase o no esta posición continuista es digna de mención como un esfuerzo hermenéutico que no violenta los textos y permite responder si la DH coincide con el liberalismo católico condenado por la Iglesia o si las deficiencias de su redacción no llegan a ese extremo.

a) Aspectos del orden público. Son de dos clases: unos de contenido, otros de forma. De contenido, son la tutela de los derechos de todos, la paz pública y la moralidad pública. De forma, que esas tres exigencias sean conformes al orden moral objetivo e impuestas según normas jurídicas. ¿Se agota el orden público a estos tres aspectos? Para Jiménez Urresti la declaración lo afirma en juicio asertivo pero no exclusivo por lo que la noción podría estar abierta a la incorporación de otros elementos a sus contenidos, pues hay otras condiciones sociales que forman parte de la esencia del bien común además de las tres mencionadas. El argumento no me parece convincente porque la DH contiene la regla in dubio pro libertate.

 b) Conformidad con el orden objetivo moral. Ocáriz insiste en que la fijación de límites a la libertad religiosa debe hacerse mediante normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo tal como lo expresa el texto de la declaración (cfr. DH, n. 7, c). Estas exigencias objetivas son las de la ley natural, que es objetiva, y no son reductibles al subjetivismo de la ética de situación, al psicologismo, al sociologismo ni al positivismo historicista.

Además, se pregunta Ocáriz, si esta referencia al orden moral objetivo incluye también exigencias morales derivadas de la ley divino-positiva, como, por ejemplo, el deber de evitar cuanto constituya un peligro público para la verdadera fe de los hombres. Y si, por ende, esas exigencias divino-positivas pueden determinar límites a la libertad religiosa. La respuesta es afirmativa: la ley divino-positiva es objetiva, vale decir conforme con el orden moral objetivo como lo pide la DH; la doctrina católica tradicional, cuya validez ha sido confirmada por la declaración sobre libertad religiosa (cfr. n. 1), da fundamento a esta posibilidad. La recepción legal de estas exigencias divino-positivas sólo parece posible en un estado confesional.

c) Fecundidad de la noción de moral pública. A partir de las reflexiones de Ocáriz, asentadas en el principio de que el orden público puede contener la exigencia divino-positiva de evitar cuanto constituya un peligro público para la verdadera fe de los hombres, me ha parecido interesante explorar un poco más el significado de la moral pública como límite a la libertad religiosa.

En los países occidentales de régimen demo-liberal estamos acostumbrados a una múltiple reducción de los contenidos de la moral pública: naturalista (no se admiten datos revelados), sociologista (es un registro de las costumbres de época) y cuasi-puritana (limitada a una templanza pública o a cierto pudor). Y la moral pública religiosa tiene contenidos mínimos. Resulta interesante mencionar como ejemplo la historia del concepto de moral pública en la jurisprudencia de los EE. UU. La noción ha sido reconocida como objeto del poder de policía estatal. El análisis de los casos manifiesta una asimetría propia del ethos norteamericano: alta permisividad en materia religiosa y baja tolerancia en  materia sexual, consumo de alcohol y de drogas. La tendencia en las décadas posteriores al Vaticano II ha sido de creciente permisividad en todos los ámbitos. No obstante, es revelador de una profunda subversión de valores que, por poner un ejemplo actual, pueda existir jurídicamente la “Satan Church” y a la vez se  reprima el consumo de marihuana en la vía pública…

No hay una razón de peso para pensar que la DH se limita al contenido de la noción de moralidad pública de los regímenes demo-liberales con los reduccionismos  ya apuntados. Ni siquiera surge de las últimas relaciones del personalista De Smedt. Si así se hubiera hecho, no podría ser límite natural (universal) de un derecho natural  (también universal) enseñado por un concilio ecuménico para toda la Iglesia. Hay que establecer un concepto magisterial de moral pública previo a los distintos sistemas  positivos vigentes.

En esencia, la moral pública es la parte de la moral cuyo respeto en el ámbito público puede ser coactivamente exigido a los miembros de una comunidad por parte del Estado. La nota de publicidad  significa que la conducta tiene repercusión pública, es decir que por  un conjunto de circunstancias que enmarcan el comportamiento este resulta perceptible por personas indeterminadas sobre las que tiene incidencia.

Ejemplos: quien sacrifica animales en una plaza pública o dentro de su casa pero frente a una amplia ventana que es vidriera para los transeúntes, despliega una conducta de repercusión pública y por ende coercible en línea de principio.

d) Las conductas contrarias a la moralidad pública. La moralidad pública, conforme con el orden moral objetivo natural y divino-positivo puede limitar la libertad religiosa y de acuerdo con la DH esos límites también deben tener reconocimiento legal. Esta positivación implica que la moral pública será un bien jurídico protegido por el poder de policía estatal. Y como se sabe en derecho, los bienes jurídicos pueden tutelarse de conductas dañosas y de conductas peligrosas. Las primeras suelen incriminarse en la legislación penal y las segundas en la contravencional.

e) Conclusión. La moral pública rectamente entendida es título jurídico suficiente para que un Estado confesional católico limite la inmunidad de coacción de los no católicos en todo el espectro de conductas que tienen repercusión pública, ya se trate de actos dañosos o simplemente peligrosos. Esta competencia estatal limitante de la libertad religiosa, vistos sus contenidos objetivos -naturales y divino-positivos-, no es equivalente a la defendida por el liberalismo católico. Y así, por ejemplo, en un caso como la España de Franco, la prohibición del culto público y de la propaganda de los disidentes, podría haberse fundado en la tutela de la moral pública religiosa.

No obstante, me parece que con la DH, hay un cambio de signo: es menester probar que determinadas conductas son contrarias a la moralidad pública, cosa que no puede presumirse por el mero hecho de que sean la expresión de religiones falsas. Además, el deber de custodiar la moral pública se subordina a bienes superiores.

Recuerdo, por último, que esta interpretación confesionalista-comunitaria sobre el alcance del orden y la moralidad pública es rechazada por la mayoría de los intérpretes de la DH.

2 comentarios to “Límites a la libertad religiosa (y 3): el orden público”

  1. theeremita Says:

    Martin Ellingham,

    La cuestión del orden público como limitante al derecho a la inmunidad de coacción es bastante problemático desde el punto de vista dogmático, ya que creo que podría decirse con bastante fundamento que el Magisterio “falló” en su acto de enseñar lo que sea que haya querido enseñar a este respecto, a lo cual no puede llegarse sin algún grado de hermenéutica del término en cuestión.

    El orden moral objetivo comprende, por lo menos, el derecho natural, que todo estado/sociedad puede y debe conocer, respetar y hacer cumplir. Ahora, como bien dice usted, la moral revelada también es objetiva, y si bien no toda ella es susceptible de ser incorporada a la ley positiva de un estado, no pocas de sus normas sí lo son, entre ellas, el evitar o impedir aquello que constituya un peligro o impedimento para la práctica y/o “conservación” de la Fe Católica (así lo enseña la tradición, por lo menos desde Santo Tomás en adelante). Dice usted: “La recepción legal de estas exigencias divino-positivas sólo parece posible en un estado confesional.” Bueno, tal era la opinión de Ottaviani; puede verse con respecto su esquema sobre la libertad religiosa o su discurso del 2 de Marzo de 1953 en la Pontificia Universidad de Lateranense.

    No me cabe duda de que la mayoría de los intérpretes de DH adoptan una definición naturalista del concepto de “orden moral objetivo”, pero admitiendo el carácter objetivo de la moral revelada y la doctrina tradicional de que esta puede informar el derecho positivo de las naciones católicas al menos, no debería haber dificultad en admitir el derecho de un estado católico a limitar o impedir aquellas prácticas de los cultos falsos que atenten contra la Fe del pueblo.

    Me resulta súmamente importante lo que usted afirma con respecto al “cambio de signo” que sobrevino con Dignitatis Humanae: “es menester probar que determinadas conductas son contrarias a la moralidad pública, cosa que no puede presumirse por el mero hecho de que sean la expresión de religiones falsas”. Este cambio me parece acertado por parte del Concilio Vaticano II. En principio, por ciertas cuestiones metafísicas (el que el hombre esté ordenado al conocimiento de la Verdad antes que a la sociedad, la libertad como exigencia de la respuesta del hombre a Dios, le constitución de la Iglesia como única institución con plena autoridad sobre la esfera religiosa, etc.), pero además, porque no pocas veces el ejercer coerción sobre una esfera tan íntima del hombre como lo es la religión, suscita sentimientos que podrían constituir un impedimento para la aceptación de la Verdadera Fe.

    Si lo que se impide es una práctica contraria a la ley natural, la cuestión es un tanto más sencilla, dado que al poseer todo hombre la capacidad de conocer dicha ley mediante su razón, la persona sobre la que se ejerce coerción tiene la posibilidad de comprender el motivo de la prohibición que se le impone. Sin embargo, cuando lo que se impide contraviene una ley cuyo fundamento, la persona sobre la cual se ejerce coerción no tiene capacidad de conocer, es muy probable que se susciten los sentimientos de los que hablaba antes. De hecho, el Magisterio siempre ha reconocido que ciertos males pueden devenir de la intolerancia religiosa, y humildemente creo que el “endurecimiento” del corazón de los no creyentes es uno de ellos.

    Como verá, vengo atrasado en la lectura de su blog. Trataré de dejar los comentarios en las entradas pertinentes de manera de poder debatir de la forma más ordenada posible.

    Le deseo una santa y feliz Pascua. Un gran saludo,
    el eremita.

    • Martin Ellingham Says:

      Eremita:

      Gracias por sus comentarios.

      Lo mejor hubiera sido que se dijera lo siguiente: el límite a la inmunidad religiosa es el bien común. Los hechos que caracterizan la actual situación histórica, como el pluralismo religioso, la profunda interdependencia entre todas las comunidades políticas en el plano mundial y una sensibilidad cada vez mayor de los seres humanos en materia religiosa, hacen conveniente que el límite a la libertad religiosa sea el orden público.

      ¡Muy Felices Pascuas!

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