La falacia del derecho negativo: respuesta a una objeción

La expresión derecho negativo ha suscitado malos entendidos. Se objeta lo siguiente: un derecho puramente negativo conceptualmente es un absurdo, porque implica correlativamente un derecho siempre positivo, como es el caso al hablar de derecho (positivo) de obrar y de derecho negativo de no ser impedido de obrar, pues hay necesaria y correlativamente mutua implicación. Sofisma del derecho negativo, separando (como si fuesen dos cosas distintas) el derecho de obrar y el derecho de no ser impedido a obrar (derecho negativo), pues como advierte el P. Lucien, si se toma el derecho en el sentido propio que tiene (aunque analógicamente, puesto que se trata del derecho como facultad del sujeto y no como cosa justa), veremos que hay identidad (implicación mutua necesaria) entre derecho de obrar y derecho de no ser impedido a obrar. Pues, el derecho de obrar dice, o señala, que el obrar pertenece al sujeto del derecho, de tal modo que los otros deben jurídicamente dejarlo obrar libremente. Es exactamente el mismo deber jurídico que impone a otro el derecho de no ser impedido. Son como las dos caras de una misma moneda, dos aspectos de una misma realidad. Es un verdadero sofisma, defender la cuestión de la libertad religiosa, diciendo que se trata de un derecho civil negativo. El derecho negativo y el positivo (aceptada la distinción o matiz) son correlativos mutua y necesariamente. El uno implica al otro, y viceversa. Necesariamente hay correlación de mutua o recíproca implicancia.

La manera más didáctica de responder a esta objeción es partiendo de un ejemplo sencillo y de la vida cotidiana. Jaimito es hijo de Jaime y de Francisca. Está sometido a la potestad familiar de sus padres. Por tanto, son sus padres quienes tienen la competencia para aplicarle coacción por sus malos modales. Los padres de José, su vecino, no tienen potestad sobre Jaimito. Por lo que deben, en justicia, abstenerse de ejercitar dicha potestad familiar sobre quien no es su hijo. Y ese deber de justicia es correlativo a la potestad de Jaimito de exigir verse inmune de coacción por parte de quienes son incompetentes para corregir sus malos modales.

A partir del ejemplo, resulta conveniente seguir cierto orden en la consideración de los distintos elementos de la relación jurídica. El primer analogado de derecho es lo justo, la conducta justa debida a otro. En este caso, lo justo es una omisión coactiva que los sujetos pasivos deben estrictamente a otro, el sujeto activo. En el ejemplo, lo justo es la abstención respecto de la mala conducta de Jaimito, lo que es un deber para los sujetos pasivos (padres de José) correlativo a un poder jurídico natural de exigir inmunidad de coacción radicado en el sujeto activo (Jaimito). Ese poder jurídico de exigir inmunidad de coacción a otros no significa que se tenga la libertad moral de tener malos modales –cosa que los padres de José rechazan positivamente- aunque implica la posibilidad de hecho de realizar una mala conducta.

El derecho de inmunidad de coacción tiene dos dimensiones: una es positiva, en el sentido de que su titular, el sujeto activo, puede exigir no ser coaccionado dentro de ciertos límites, y por tanto puede actuar dentro de esa esfera de inmunidad (aunque su obrar sea inmoral); otra es negativa, en el sentido de que los sujetos pasivos del derecho tienen la obligación de omitir ciertas conductas. El Estado, al reconocer tales derechos de inmunidad, no lo hace en base a una aprobación a priori de los distintos —y contrastantes— usos que se podrían hacer de tal libertad, sino que lo hace solamente porque considera justo no intervenir en el ámbito de estas libertades, a menos que su deber de tutelar el bien común exija su intervención coercitiva.

Pongamos unos ejemplos adicionales:

– Hay injusticias naturales que son verdaderos pecados. Se oponen a la ley moral natural que las prohíbe. Pero no llegan a vulnerar el derecho natural porque no afectan al bien común, razón por la cual el derecho natural es permisivo respecto de esas injusticias. Evidentemente, el precepto jurídico-natural permisivo no implica aprobación moral positiva, ni correlativa facultad moral positiva para esas injusticias, aunque garantiza la no intervención del derecho positivo porque lo exige un bien mayor.

– Cuando una parte en un juicio pide que un juez se declare incompetente, en ese pedido hay dos dimensiones: una positiva, en virtud de la cual el sujeto activo exige una conducta omisiva; y otra negativa, por la cual el sujeto pasivo se abstiene de intervenir en un litigio concreto respecto del cual es incompetente. La negativa crea una zona de no coacción dentro de la cual el titular tiene la posibilidad de actuar sin la interferencia del magistrado, lo que no significa que esté moralmente legitimado por la incompetencia del juez.

Hablar de un derecho puramente negativo en defensa de la DH es un argumento que puede resultar contraproducente.

4 comentarios to “La falacia del derecho negativo: respuesta a una objeción”

  1. theeremita Says:

    Martin Ellingham,

    Retomo la lectura/estudio del material que publica en este blog…. esta semana fue particularmente complicada en el plano laboral.

    Excelente entrada. Creo recordar que fray Victorino pone también un excelente ejemplo a este respecto, en relación al derecho internacional… propongo un ejemplo análogo ya que no recuerdo exactamente el propuesto por el fraile: Si yo, siendo argentino, cometo un crimen en Argentina, tengo derecho a no ser condenado por ese crimen por la justicia de otro país; solo la justicia argentina poseería autoridad para penarme por tal crimen. El ejemplo que pone usted es maravilloso por lo cotidiano, especialmente para mí que soy un lego en cuestiones de derecho… igual me imagino que podrían hacerse muchas comparaciones similares con las cuestiones de los fueros, las jurisdicciones, etc.

    Querría plantearle aquí una cuestión para que me dé su opinión:

    Se condena en Quanta Cura la siguiente proposición: “es la mejor la condición de aquella sociedad en que no se le reconoce al Imperante o Soberano derecho ni obligación de reprimir con penas a los infractores de la Religión católica, sino en cuanto lo pida la paz pública.”

    Hago primero las distinciones mas groseras: basta cambiar las primeras palabras de la proposición “es la mejor” por otras como “es válida” o “es lícita” para “evadir” la censura impuesta en la encíclica. De hecho, Pío XII afirmó en Ci Riesce que “en ciertas circunstancias” Dios no comunica el derecho a impedir mediante coerción el error religioso, y la opinión de Ottaviani era que para que el estado pudiese ser auténticamente confesional, era pre-requisito el que los ciudadanos “no solo estuviesen bautizados sino que además profesasen la Fe Católica”. Resumiendo esta primera distinción, podemos afirmar sin temor que el no “reconocer” al Estado derecho a reprimir a “los infractores de la Fe Católica, sino en cuanto lo pida la paz pública” es una condición válida para aquellas naciones donde no hay auténtica unidad en la Fe. No digo que el Magisterio haya enseñado esto positivamente, sino simplemente que esto puede afirmarse sin caer en la censura impuesta por Quanta Cura, ni en contradicción con el Magisterio, ni en polémica con ortodoxos teólogos como lo fue Ottaviani.

    También podemos “evadir” la censura si cambiásemos la condición “sino en cuanto lo pida la paz pública” por una de orden superior como “sino en cuanto lo pida el bien común” (óptima) o “sino en cuanto lo pida orden público” (réctamente entendido, ya que si redujésemos su significado a la “ausencia de conflicto”, i.e, paz pública, caeríamos de nuevo en la censura a pesar del cambio de término). De hecho, creo que si quisiésemos sintetizar DH en una sola proposición, esta sería bastante adecuada.

    Sin embargo, esa era la parte menos importante (de cara a la temática de esta entrada)… restan desentrañar dos cuestiones: (1) el objeto significado mediante el término “infractores de la Religión Católica”, y (2) el alcance y naturaleza de las atribuciones del Estado a la hora de “reprimir(los) con penas”.

    En cuanto a (1), hay tres posibilidades, a mi juicio, las dos primeras igualmente probables y una tercera menos probable: (a) bautizados que trasgreden alguno de los mandatos de la Verdadera Religión, o (b) acatólicos que incurren en algún acto que supone peligro o impedimento para la Fe Católica, o (c) acatólicos en general, independientemente de que sus prácticas erróneas supongan peligro o impedimento para la Fe.

    Deberíamos estudiar (2) para cada una de las tres posibilidades de (1). Si (1)=(a), Quanta Cura está enseñando que la forma mejor de gobierno es aquella en la que se le reconoce al Estado algún derecho (no podemos saber cuáles [ni en qué condiciones] ya que estamos deduciendo una afirmación a partir de una negación) de penar a católicos “trasgresores”. Tampoco podemos deducir a partir de Quanta Cura si este derecho es inherente al Estado o si este debe recibirlo de la autoridad de la Iglesia, de la cual positivamente sabemos que posee autoridad inmediata para penar a los trasgresores de la Religión Católica con penas tanto espirituales como temporales.

    Si (1)=(b), entonces Quanta Cura está enseñando que es forma óptima de gobierno aquella en la que se reconoce al Estado autoridad para impedir que los acatólicos pongan “obstáculos a la Fe” o incurran en actividades que representen un peligro para la misma. El fundamento de esta doctrina puede encontrarse a lo largo de todo este blog, ¿verdad? Estudiando profundamente la relación entre el Bien Común y la posesión de la Verdad religiosa por parte de una Nación se podrán conocer con más precisión las atribuciones legítimas de un Estado a fin de conservar dicha situación de “posesión de la Verdad”.

    También podría ser que (1)=(a) y (b) ya que ciertamente no son mutuamente excluyentes, aunque no pareciera deducirse del texto que el beato Pío IX se estuviese refiriendo a dos grupos o situaciones tan dispares.

    En mi opinión, (1) no puede ser (c). Si bien esto no se deduce del texto de Quanta Cura, creo que la cantidad de evidencia en contra de esta tesis que se viene vertiendo en este blog es contundente. Sin embargo, pareciera ser que es esta la tesis que prima en algunos ambientes, ¿o me equivoco? Aún así, si concediésemos que (1)=(c), no podría deducirse de la encíclica ni el alcance de este derecho, ni si este posee un carácter absoluto o dependiente de las circunstancias. Sí podemos saber una cosa: Dado que la Iglesia no se arroga tal autoridad para sí misma, si este derecho existe para el estado, debe ser inherente a él (no puede recibir la autoridad de la Iglesia ya que esta no la tiene). Y será problemático para cualquiera que intente sostener esta tesis, demostrar que el Estado posee una autoridad en materia religiosa mayor a la de la Iglesia, teniendo en cuenta la cuestión de los fines de estas dos instituciones, que como usted magistralmente ha explicado en entradas anteriores, es metafísicamente anterior a cualquier tipo de “jurisdicción”/”autoridad”.

    Bien, me disculpará que le haya llevado la conversación para el lado de Quanta Cura, pero al ser uno de los documentos magisteriales clave en los que se enseña acerca de la “jurisdicción” del Estado en materia religiosa, me pareció interesante plantearlo en esta entrada.

    Un gran saludo,
    el eremita.

  2. Martin Ellingham Says:

    Intercalo comentarios en negrita
    Comentario Martin Ellingham, Retomo la lectura/estudio del material que publica en este blog…. esta semana fue particularmente complicada en el plano laboral. Excelente entrada. Creo recordar que fray Victorino pone también un excelente ejemplo a este respecto, en relación al derecho internacional… propongo un ejemplo análogo ya que no recuerdo exactamente el propuesto por el fraile: Si yo, siendo argentino, cometo un crimen en Argentina, tengo derecho a no ser condenado por ese crimen por la justicia de otro país; solo la justicia argentina poseería autoridad para penarme por tal crimen. El ejemplo que pone usted es maravilloso por lo cotidiano, especialmente para mí que soy un lego en cuestiones de derecho… igual me imagino que podrían hacerse muchas comparaciones similares con las cuestiones de los fueros, las jurisdicciones, etc.

    Dos cosas previas a los comentarios que intercalo:
    1) en general, debemos recordar que las condenas hay que interpretarlas de modo estricto;
    2) antes que entrar en situaciones particulares precisemos el alcance de la condena en abstracto.

    Yo individualizaría la proposición condenada como la siguiente: lo mejor (objetivamente, per se) es que no se reconozca al Estado (católico) el deber-derecho de reprimir los cultos falsos salvo cuando violen la paz pública. Y pondría énfasis en lo mejor (=tesis) y paz pública (=mínima competencia estatal coercitiva, limitada a un aspecto del orden público). Pero si no se sostiene como lo mejor, como tesis, sino hipótesis, se está fuera de la condena. Es lo que dijo tiempo después León XIII a los norteamericanos.

    Querría plantearle aquí una cuestión para que me dé su opinión: Se condena en Quanta Cura la siguiente proposición: “es la mejor la condición de aquella sociedad en que no se le reconoce al Imperante o Soberano derecho ni obligación de reprimir con penas a los infractores de la Religión católica, sino en cuanto lo pida la paz pública.” Hago primero las distinciones mas groseras: basta cambiar las primeras palabras de la proposición “es la mejor” por otras como “es válida” o “es lícita” para “evadir” la censura impuesta en la encíclica. De hecho, Pío XII afirmó en Ci Riesce que “en ciertas circunstancias” Dios no comunica el derecho a impedir mediante coerción el error religioso, y la opinión de Ottaviani era que para que el estado pudiese ser auténticamente confesional, era pre-requisito el que los ciudadanos “no solo estuviesen bautizados sino que además profesasen la Fe Católica”. Resumiendo esta primera distinción, podemos afirmar sin temor que el no “reconocer” al Estado derecho a reprimir a “los infractores de la Fe Católica, sino en cuanto lo pida la paz pública” es una condición válida para aquellas naciones donde no hay auténtica unidad en la Fe. No digo que el Magisterio haya enseñado esto positivamente, sino simplemente que esto puede afirmarse sin caer en la censura impuesta por Quanta Cura, ni en contradicción con el Magisterio, ni en polémica con ortodoxos teólogos como lo fue Ottaviani.

    De acuerdo.

    También podemos “evadir” la censura si cambiásemos la condición “sino en cuanto lo pida la paz pública” por una de orden superior como “sino en cuanto lo pida el bien común” (óptima) o “sino en cuanto lo pida orden público” (réctamente entendido, ya que si redujésemos su significado a la “ausencia de conflicto”, i.e, paz pública, caeríamos de nuevo en la censura a pesar del cambio de término). De hecho, creo que si quisiésemos sintetizar DH en una sola proposición, esta sería bastante adecuada. Sin embargo, esa era la parte menos importante (de cara a la temática de esta entrada)…

    De acuerdo.

    restan desentrañar dos cuestiones: (1) el objeto significado mediante el término “infractores de la Religión Católica”, y (2) el alcance y naturaleza de las atribuciones del Estado a la hora de “reprimir(los) con penas”. En cuanto a (1), hay tres posibilidades, a mi juicio, las dos primeras igualmente probables y una tercera menos probable: (a) bautizados que transgreden alguno de los mandatos de la Verdadera Religión, o (b) acatólicos que incurren en algún acto que supone peligro o impedimento para la Fe Católica, o (c) acatólicos en general, independientemente de que sus prácticas erróneas supongan peligro o impedimento para la Fe.

    Deberíamos estudiar (2) para cada una de las tres posibilidades de (1). Si (1)=(a), Quanta Cura está enseñando que la forma mejor de gobierno es aquella en la que se le reconoce al Estado algún derecho (no podemos saber cuáles [ni en qué condiciones] ya que estamos deduciendo una afirmación a partir de una negación) de penar a católicos “trasgresores”. Tampoco podemos deducir a partir de Quanta Cura si este derecho es inherente al Estado o si este debe recibirlo de la autoridad de la Iglesia, de la cual positivamente sabemos que posee autoridad inmediata para penar a los trasgresores de la Religión Católica con penas tanto espirituales como temporales. Si (1)=(b), entonces Quanta Cura está enseñando que es forma óptima de gobierno aquella en la que se reconoce al Estado autoridad para impedir que los acatólicos pongan “obstáculos a la Fe” o incurran en actividades que representen un peligro para la misma. El fundamento de esta doctrina puede encontrarse a lo largo de todo este blog, ¿verdad? Estudiando profundamente la relación entre el Bien Común y la posesión de la Verdad religiosa por parte de una Nación se podrán conocer con más precisión las atribuciones legítimas de un Estado a fin de conservar dicha situación de “posesión de la Verdad”. También podría ser que (1)=(a) y (b) ya que ciertamente no son mutuamente excluyentes, aunque no pareciera deducirse del texto que el beato Pío IX se estuviese refiriendo a dos grupos o situaciones tan dispares. En mi opinión, (1) no puede ser (c). Si bien esto no se deduce del texto de Quanta Cura, creo que la cantidad de evidencia en contra de esta tesis que se viene vertiendo en este blog es contundente. Sin embargo, pareciera ser que es esta la tesis que prima en algunos ambientes, ¿o me equivoco? Aún así, si concediésemos que (1)=(c), no podría deducirse de la encíclica ni el alcance de este derecho, ni si este posee un carácter absoluto o dependiente de las circunstancias. Sí podemos saber una cosa: Dado que la Iglesia no se arroga tal autoridad para sí misma, si este derecho existe para el estado, debe ser inherente a él (no puede recibir la autoridad de la Iglesia ya que esta no la tiene). Y será problemático para cualquiera que intente sostener esta tesis, demostrar que el Estado posee una autoridad en materia religiosa mayor a la de la Iglesia, teniendo en cuenta la cuestión de los fines de estas dos instituciones, que como usted magistralmente ha explicado en entradas anteriores, es metafísicamente anterior a cualquier tipo de “jurisdicción”/”autoridad”. Bien, me disculpará que le haya llevado la conversación para el lado de Quanta Cura, pero al ser uno de los documentos magisteriales clave en los que se enseña acerca de la “jurisdicción” del Estado en materia religiosa, me pareció interesante plantearlo en esta entrada. Un gran saludo, el eremita.

    En general de acuerdo. Es una tesis excesiva, reprobada por Pío XII, decir que el Estado tiene un deber absoluto e incondicionado de impedir (c). Subyace una especie de kantismo del deber por el deber. Sólo los deberes morales negativos (v.g., no matar al inocente) obligan de manera absoluta e incondicionada.

    Saludos.

  3. Juan Argento Says:

    Acabo de encontrar este blog, y aprovecho para compartir el resultado de mi estudio del tema, por si alguien lee alguna vez esto.

    Antes de estudiar la afirmación condenada en Quanta Cura (QC):

    “es la mejor la condición de aquella sociedad en que no se le reconoce al Imperante o Soberano derecho ni obligación de reprimir con penas a los infractores de la Religión católica, sino en cuanto lo pida la paz pública.”

    aclaro que la mayoría de las traducciones omiten “derecho” y cambian “infractores” por “violadores”. Dicho esto, paso al estudio:

    Ante todo, es claro que la mejor condicion de una sociedad es aquella en la que todos sus miembros son católicos. Luego viene la condición en que los católicos son mayoría. Si ninguna de estas dos condiciones ocurre, es natural que el soberano (simplificando a una forma monarquica, pero el analisis vale tambien para un regimen constitucional) no crea tener obligacion alguna de reprimir con penas a los infractores de la Religión Católica más allá que a los infractores de cualquier otro culto. Esto no plantea problema porque las condiciones presupuestas ya descartan que esa sea la mejor condicion de la sociedad.

    Consideremos ahora los “infractores” o “violadores” de la Religión Católica. Hay dos sentidos de este término:

    A: Sentido restringido en alcance demográfico y amplio en alcance de objetivos: poder de coerción sobre los bautizados para hacerlos cumplir las obligaciones incurridas por el bautismo.

    B. Sentido amplio en alcance demográfico y restringido en alcance de objetivos: poder de coercion sobre bautizados y no bautizados para prevenir y penar comportamientos que dañan lo esencial del bien común de la sociedad, el cual incluye tanto el bien espiritual como el temporal, siendo la verdad en religión esencial al primer bien.

    Ejemplo de A y no de B: no asistir a Misa.
    Ejemplo de B y no de A: proselitismo de una religion falsa por parte de un no bautizado.

    En el sentido B, el Estado tiene poder de coercion propio, no delegado de la Iglesia, de acuerdo a Quanta Cura e Immortale Dei seccion 3. Esta es la tesis de John Lamont en su paper, cuyo argumento central para compatibilizar DH con QC es que DH “deja abierta la puerta” para interpretar lo esencial del bien común, que es la definición del “justo orden público” de DH, en un sentido más amplio que el de mera paz pública condenado por QC.

    http://www.academia.edu/877072/Catholic_teaching_on_religion_and_the_state

    que Nova et Vetera rechazó publicar:

    http://rorate-caeli.blogspot.com/2013/09/traditionalism-and-academic-censorship.html

    Este poder de coerción propio del Estado dirigido a preservar el bien común espiritual incluye la posibilidad de la pena de muerte. Esta posibilidad justamente es una muestra adicional que el poder es propio, no delegado por la Iglesia.

    Agrego que yo encontré una “puerta” adicional a la hallada por Lamónt que DH deja abierta para incluir la verdad en religión dentro de lo esencial del bien común: en el texto en latín es claro que la lista de elementos que da no es taxativa:

    “Haec omnia partem boni communis fundamentalem constituunt et sub ratione ordinis publici veniunt.”

    “Questi sono elementi che costituiscono la parte fondamentale del bene comune e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico.” (trad. de vatican.va)

    “Todas estas cosas constituyen la parte fundamental del bien común y están comprendidas bajo el nombre de orden público.” (trad. mía)

    Personalmente, entiendo que el Estado tambien tendria este poder de coerción en una hipotetica situacion pre-Revelación con respecto a la religión monoteísta de fundamento filosófico, la descripta contrafácticamente por San Pablo en Rom 1,19-21 al reprochar a los gentiles idólatras por no haber llegado a ella.

    La regla para el ejercicio de este poder de coerción propio del Estado es justamente tener en cuenta la totalidad del bien común. Si las consecuencias de reprimir un curso de accion erróneo van a ser peores que las de tolerarlo, lo prudente es lo segundo.

    En el sentido A, el poder de coerción es propio de la Iglesia, no del Estado. Que este poder de coerción va más allá de la excomunión está definido en el canon 14 de Trento sobre el bautismo, contra Erasmo. Una posible medida es la mencionada por San Pablo en 1 Cor 5,9-13 listando causas que incluyen avaricia y alcoholismo: no tratar con esa persona. Imaginemos el efecto en una sociedad mayoritariamente católica de que a alguien no se le compren ni vendan productos y/o servicios, se lo expulse de universidades o corporaciones de artes y oficios, etc.

    En el sentido A, si la Iglesia se lo pide, el Estado puede y debe actuar como agente del poder de coerción propio de la Iglesia sobre los bautizados. Esta es la tesis de Thomas Pink.

    http://www.academia.edu/639061/What_is_the_Catholic_doctrine_of_religious_liberty

    Cabe aclarar que Pink afirma no solamente el poder de coerción de la Iglesia, y del Estado por delegación, en el sentido A, todo lo cual es indiscutible, sino tambien que ése es el único poder de coerción que tiene el Estado. En respuesta, Lamont muestra que esta última afirmación es falsa, y que el Estado tiene un poder de coerción propio en el sentido B.

  4. M.E. Says:

    Juan Argento:
    Gracias por su aporte.
    Voy a tener que leer los artículos que cita. Por lo que comenta sobre Lamont, me parece que tiene una fuente común a otros autores y la historia es la siguiente: Lefebvre presentó una “dudas” a la CDF. Le respondieron con un documento, que elaboró Ocáriz, quien dirigió la tesis del benedictino Valluet. Una de las claves de la tesis del benedictino y de Ocáriz es una noción de orden público “dinámica”, “abierta”. Ocáriz le saca punta al concepto de moral pública como límite a la libertad religiosa: en un Estado confesional católico dicha moral pública es lo suficientemente amplia como para dar competencia para impedir conductas públicas peligrosas para la fe verdadera (e.j, manifestaciones públicas de herejía o blasfemias). Así, por vía de la moral pública, se busca la continuidad.
    El tema del poder coactivo de la Iglesia, se debatió por autores clásicos pre-conciliares, en concreto sobre la pena de muerte, sin consenso: para algunos, la Iglesia no puede aplicar directamente la pena capital a un hereje (pero sí puede entregarlo al brazo secular); para otros, sí tiene ese poder coactivo directo y puede aplicarla por sí misma, sin necesidad de recurrir al poder estatal.
    Saludos.

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