Estado confesional (2)

Retomamos ahora la noción de confesionalidad estatal pero referida de manera específica a la confesionalidad católica. Esta confesionalidad no posee una fórmula única de realización histórica, por lo que algunas de sus exigencias concretas varían con el tiempo y las diversas modalidades que revisten las comunidades políticas. La confesionalidad católica exige el dualismo que distingue entre la Iglesia y el Estado, es decir una diferenciación de dos esferas de competencia y relaciones de mutua cooperación entre ambas sociedades; lo que se opone al monismo, característico de las confesionalidades no católicas, que confunden sociedad religiosa y comunidad política.

El magisterio de la Iglesia anterior al Vaticano II ha empleado otras expresiones distintas de confesionalidad. León XIII expuso una constitución cristiana del Estado (cfr. Immortale Dei), Pío XI empleó las expresiones Estado católico (Cfr. Ci si è domandato) y Estado cristiano (Cfr. Divini Redemptoris), fórmula luego reiterada por Pío XII. También el término laicidad tuvo recepción magisterial a partir de Pío XII, inicialmente no como sinónimo de aconfesionalidad, ya que un Estado católico no deja por ello de ser laico, puesto que es una realidad profana gobernada por laicos y no por clérigos en ejercicio de su potestad sagrada.

Al hablar de confesionalidad católica del estado conviene distinguir tres aspectos ya mencionados como confesionalidades en la entrada anterior:

1. Aspecto formal. Propiamente, el aspecto formal de la confesionalidad católica consiste en el reconocimiento público de Cristo y de su Iglesia como la única verdadera religión, dentro de la cual debe rendirse culto. El Estado reconoce a la Iglesia como sociedad pública religiosa, de derecho divino-positivo y por títulos divinos. El motivo formal del reconocimiento de la Iglesia no es un título de derecho natural, ni tampoco una motivación histórico-sociológica, sino un dato revelado: la Iglesia es la única institución religiosa positivamente querida por Dios, en la que se encuentra la única religión verdadera. La consecuencia necesaria derivada de este reconocimiento es la desigualdad de confesiones religiosas ya que las no católicas ipso facto quedan reducidas a la condición de no-oficiales.

2. Aspecto substancial. Significa que la legislación estatal y la acción de los gobiernos serán conformes con la doctrina social de la Iglesia.

3. Aspecto sociológico. Se trata en rigor de una cuestión pre-jurídica, que sólo puede incidir en la formulación de la norma constitucional o concordataria a modo de fundamento. Si una sociedad no es católica, en un sentido cuantitativo pero también cualitativo, la confesionalidad resultaría políticamente inviable e incluso perjudicial para la Iglesia.

¿Qué decir del Estado confesional católico en el contexto doctrinal del Vaticano II? El P. Victorino sostuvo que la tesis no fue alterada por el último concilio. La cláusula indiferenciada e hipotética del n. 6, c de la DH, que ya hemos citado, se ha de completar con la afirmación del n. 1 preliminar: mantiene integra la doctrina católica tradicional sobre la obligación moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. Razón por la cual la confesionalidad católica no ofrecería dudas. Jiménez Urresti agrega un argumento complementario: la DH en su n. 13, b reivindica la libertad de la Iglesia por un doble título: sobrenatural uno (“como autoridad espiritual constituida por Cristo el Señor”) y natural el otro (“como sociedad de hombres que gozan del derecho de vivir en sociedad civil”); consiguientemente, el título sobrenatural sólo puede ser propiamente reivindicado ante un Estado católico. El Catecismo de 1993 parece dar la razón a los autores que cito, pues al hablar de la “doctrina tradcional” remite a documentos de León XIII (Immortale Dei) y Pío XI (Quas Primas) muy explícitos sobre los deberes del Estado respecto de la Iglesia. No obstante, la nota doctrinal de la CDF (2002) muestra reticencias sobre la confesionalidad. También se encuentran textos de Juan Pablo II y de Benedicto XVI sobre la laicidad que resultan problemáticos.

Para tener un panorama de las distintas opiniones de los comentaristas de la declaración DH sobre el tema del Estado confesional, me parece útil seguir el siguiente esquema de posiciones:

 (1) Confesionalista: el Estado, en tesis, debe ser confesional católico.

                          (1.1) Formal.

                                  (1.1.1) Obligatoria.

                                  (1.1.2) Facultativa.

                         (1.2) Substancial.

                                 (1.2.1) Integral: comprende exigencias de ley divino-positiva y natural.

                                 (1.2.2) Naturalista: sólo comprende exigencias de ley natural.

                               (1.3) Sociológica: sólo es legítima una recepción jurídica de la confesionalidad católica a título histórico/sociológico y subordinada a la libertad religiosa. En el aspecto substancial, es una posición naturalista (1.2.2).

 (2) Aconfesionalista: el Estado, en tesis, debe ser aconfesional.

 Entre obispos y académicos predominan hoy los naturalistas (1.2.2) y los aconfesionalistas (2). Algunos asumen estas posiciones en el plano  de los principios (“la confesionalidad es clerical”, “exigir lo que no sea de ley natural es fundamentalismo”, etc.) mientras que otros en el plano prudencial (“hoy no es posible ni conveniente la confesionalidad católica del Estado”). Contra los segundos, no hay nada que reprochar, pues la posibilidad de la generalización de la hipótesis estaba prevista en el magisterio de Pío XII y pienso que es una lógica consecuencia del estado actual de descristianización de la casi totalidad de las naciones. La promesa del Señor se refiere  a la indefectibilidad de la Iglesia, no a las cristiandades históricas.

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