¿Cambio de signo?

Para entender adecuadamente la doctrina de la tolerancia es necesario remitirse a la doctrina moral sobre la acción de doble efecto. Es importante notar desde ya que esta doctrina tiene variaciones en su formulación. El principio es el siguiente: en determinadas circunstancias es lícito realizar un acto del que se siguen dos efectos, uno bueno, y querido, y otro malo, y meramente tolerado. El análisis del acto concreto deberá valorar si existe causa proporcionada. El efecto malo que se tolera debe ser proporcionado a lo bueno que se intenta, por lo que si para conseguir un bien se tolera un mal mayor que ese bien, el acto será malo, y si para conseguir un bien se tolera un mal menor, el acto será bueno.

Aunque la aplicación legítima del principio requiere que se cumplan ciertas condiciones estrictas, su formulación del principio en clave de regla-excepción puede conducir a un resultado rigorista, porque las condiciones para que sea lícita la tolerancia deben darse en la realidad, y en ese plano de los hechos las circunstancias pueden variar en la historia.

León XIII, lo explicó en los siguientes términos:

“…hay que reconocer, si queremos mantenernos dentro de la verdad, que cuanto mayor es el mal que a la fuerza debe ser tolerado en un Estado, tanto mayor es la distancia que separa a este Estado del mejor régimen político. De la misma manera, al ser la tolerancia del mal un postulado propio de la prudencia política, debe quedar estrictamente circunscrita a los límites requeridos por la razón de esa tolerancia, esto es, el bien público. Por este motivo, si la tolerancia daña al bien público o causa al Estado mayores males, la consecuencia es su ilicitud, porque en tales circunstancias la tolerancia deja de ser un bien.” (Libertas, n. 23)

Y con criterio -tal vez restrictivo y casuista- los tratadistas del derecho público eclesiástico precisaban que:

“…la tolerancia política, por lo mismo que es prudencial, tiene sus grados en razón del mayor o menor mal que se procura con ella evitar. Así, no ha de ser universal para todos los cultos, si basta la particular para algunos de ellos; no deberá tolerarse el culto público de las sectas, si es suficiente el familiar o privado…” (BRUNO, Cayetano. EL DERECHO PÚBLICO DE LA IGLESIA EN LA ARGENTINA. Bs. As., 1956, tomo II, p. 40, nº 47.).

Las reflexiones de León XIII son de índole doctrinal en cuanto advierte que cuanto más tolerante es una sociedad más imperfecta es su realización del bien común político. Sin embargo, hay que preguntarse si las circunstancias del siglo XIX no incidieron en la formulación de la doctrina.

Cualquiera sea la respuesta al interrogante anterior, me parece un hecho que las circunstancias históricas posteriores a la segunda mitad del siglo XX se caracterizan por el pluralismo religioso, la interdependencia entre las comunidades políticas en el plano mundial y una sensibilidad cada vez mayor respecto de la coacción religiosa. Este cambio obliga cuanto menos a revisar el exceso de casuismo de los tratadistas del derecho público eclesiástico. Una formulación más depurada debería basarse en la afirmación de que la tolerancia es lícita si hay causa proporcionada y el reconocimiento simultáneo de que en el mundo de hoy dicha causa se presenta con mayor frecuencia que en el pasado.

El Concilio ha receptado en su declaración sobre libertad religiosa un criterio jurídico: favorabilia amplianda, odiosa restringenda (lo favorable debe ampliarse, lo odioso, restringirse). Lo ha hecho en los siguientes términos: “…se debe observar en la sociedad la norma de la libertad íntegra, según la cual, la libertad debe reconocerse al hombre lo más ampliamente posible y no debe restringirse sino cuando es necesario y en la medida en que lo sea.” (DH, 7 c). Es una regla de interpretación también presente en el CIC, c. 18.

Lo que nos lleva a preguntarnos si con este criterio de la DH estamos ante cambio de signo que implicaría una ruptura con el magisterio precedente. En efecto, mientras León XIII  se muestra “estricto” la DH asume un criterio “amplio”.

Los comentaristas de la DH que podido consultar explican este punto de diversa manera. Para algunos,  el cambio de signo no es tal en práctica ya que siempre hay que considerar las exigencias concretas del bien común. Así se expresaba el obispo español Pedro Cantero Cuadrado: “…si según la teoría tradicional, en el plano de la tolerancia civil se puede, y a veces se debe, llegar a aquellos límites en el ejercicio de la libertad religiosa que, según las circunstancias, permiten la ley moral, el Derecho natural y el bien común; y si, según la teoría moderna, se puede y se debe otorgar el ejercicio de la libertad e igualdad civil a las distintas confesiones y cultos, dentro de los límites y de las exigencias de la ley moral, del Derecho natural y del bien común, salta a la vista que el ejercicio de la libertad religiosa en el orden práctico tiene unos mismos límites en ambas teorías, a saber: los límites de la ley moral, del Derecho natural y del bien común…”. Otros, en cambio, enfatizan en este punto la diferencia respecto de la doctrina de la tolerancia, marcando un cambio doctrinal. Una de las notas explicativas de las Comisión redactora dice: “La restricción de la libertad puede ser legítima para evitar daños, pero no, en modo alguno, para promover el bien común. Pues al bien común mismo pertenece a la máxima libertad posible, ya que ha nacido para el progreso de la vida y para alcanzar la perfección de la vida humana”.

Mi opinión es coincidente con la de Cantero Cuadrado. Me parece que las dificultades se deben a que se formula la doctrina con la estructura lógica de regla-excepción y a un exceso de abstracción que olvida lo justo concreto. Así no me parece del todo correcto decir que la intolerancia es la regla y la tolerancia es la excepción, porque una y otra dependen de la existencia real de la causa proporcionada, que es algo práctico y dinámico. Tampoco decir que la libertad es la regla y que la restricción es la excepción porque el grado de restricción depende siempre de las exigencias concretas del bien común político. El ámbito de lo prudencial no admite formulación adecuada en clave legalista rígida.

Además, el n. 7, c  de la DH dice que sólo puede restringirse la libertad cuando es “necesario”. ¿Qué factor determina lo “necesario” de restricción? El bien común político. ¿Cuánta restricción debe haber en concreto en una sociedad? Tanta cuanta reclame el bien común político. León XIII decía que la tolerancia debía estar “estrictamente circunscrita” a su límite. ¿Cuál es su “límite”? El bien común político. Por tanto, ¿cuánta tolerancia/intolerancia debe haber en concreto en una sociedad? Tanta cuanta reclame el bien común político. Como vemos, en ambos casos la medida práctica que regula la intolerancia/restricción es la misma. Lo que cambia es el énfasis en la formulación.

En conclusión, me parece que el n. 7, c de la DH introduce un criterio de interpretación, prudencial, determinado por las actuales circunstancias históricas y siempre subordinado a la primacía del bien común. En las presentes circunstancias, a diferencia del siglo XIX, en los casos dudosos la prudencia política pide no coaccionar y vale como criterio una libertad lo más amplia posible. Pero esas circunstancias pueden cambiar y la tutela del bien común puede exigir coacción necesaria más estricta.

P.S.: en resumen, me parece que el cambio de signo se ha dado en los hechos,   consiste en la generalización del estado de hipótesis y la respuesta de DH, 7 c es de tipo prudencial más que doctrinal.

Terminado el anterior p.s. me he enterado de que el P. Lucien ha publicado un libro en el que afirma que la mayoría de los contenidos del Vaticano II y de la DH son un magisterio “pedagógico”  y no “autoritativo” en los siguientes términos:

Enfin se présente le troisième degré, celui que l’auteur appelle « le magistère seulement pédagogique, non autoritaire ». À ce niveau, « de nombreux assages de Vatican II, sans doute la plus grande partie, se présentent, non comme inseignés directement et par soi, mais comme énoncés à titre d’introduction, d’explication, d’argumentation, de conséquence par rapport à ce qui est ffirmé directement et par soi : en un mot, indirectement. C’est le cas  de la plus grande partie de la déclaration Dignitatis humanæ ». « L’attitude demandée au fidèle n’est pas de soi l’adhésion, mais plutôt l’attention docile, répondant  récisément au souci pédagogique du magistère. »

Una respuesta to “¿Cambio de signo?”

  1. theeremita Says:

    Martin Ellingham,

    Entrada súmamente interesante, y creo que en esta vamos a tener alguna diferencia más que en las anteriores.

    Comienzo por el final: la opinión del padre Lucien. Si bien me parece muy apropiado hablar de “magisterio pedagógico” para muchos pronunciamientos del Concilio Vaticano II (pienso primariamente en Lumen Gentium), creo que no se puede descartar el que la declaración Dignitatis Humanae posea un cierto contenido doctrinal/autoritativo.

    Este “derecho a la inmunidad de coacción, subordinado al bien común”, si bien no está en contradicción con el magisterio anterior, tampoco creo que haya sido “enseñado” por este. Y dado el lenguaje de claro corte doctrinal (“Este concilio declara…”), me cuesta conceder que esto pueda ser tomado meramente como una proposición “prudencial” o “pedagógica”. También ha de tenerse en cuenta que desde el punto de vista teológico/dogmático, lo que antes era una mera “sententia probabibilis” o incluso “opinio tolerata”, ha pasado a ser luego del concilio una “sententia communis” a las cual se le debe obsequio religioso. En resumen: lo que antes era una mera proposición no condenada, ha pasado a ser doctrina de la Iglesia.

    Aquí conecto con algo que mencionó usted en comentarios anteriores: es posible (resta ver si acertado o no) interpretar DH de tal forma que luego de ella fuese necesario “demostrar” el perjuicio que supone la tolerancia de un acto de culto acatólico público dado, para que fuese legítima su coerción. Creo que la forma en la que está expresada la declaración hacen de esta postura bastante plausible. Aquí estaría, en mi humilde opinión, el “cambio de signo”. Sin embargo, así considerásemos esto como una “novedad doctrinal”, creo que no podría hablarse de “ruptura” sino simplemente de desarrollo doctrinal. Como afirma Eustaquio Guerrero, la Iglesia nunca ha negado este derecho a la inmunidad de coacción. Correlativamente, siempre se ha dejado claro que la autoridad del Estado para ejercer coerción no le es inhente ni es absoluta. Con lo cual, a menos que se reduzca el “bien común” a la mera “paz pública”, no hay contradicción con el Magisterio precedente.

    Prosigo: plantea usted dos interpretaciones de DH: la de Cantero Cuadrado y aquella expresada por la comisión redactora (que entiendo no puede ser nota explicativa, ya que DH carece “interpreación oficial”, la cual generalmente, según entiendo, viene dada por la nota explicativa). No me parece que haya una contraposición estricta entre ambas: si se dice que al bien común pertenece la máxima libertad posible, el límite queda establecido casi tautológicamente (al bien común pertenece toda libertad que no atente contra el mismo). La proposición que afirma que la restricción de la libertad es legítima para evitar daños pero ilegítima para promover el bien común me resulta interesante, y no la descarto a priori, al menos en el plano religioso: sabemos que no es competencia del estado el procurar la “confesionalidad sociológica” sino solo, “procurar el cuidado de la moralidad pública”, “preservar a los ciudadanos de las seducciones del error”, “conservar la unidad de Fe”, etc. Estas expresiones presuponen una sociedad cristiana.

    En fin, ya se me hizo tarde. Le paso la pelota a usted para proseguir el debate.

    Un saludo muy grande.

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