El error del “derecho al error”

1. La expresión “derecho al error”.

En las polémicas habituales sobre la continuidad o ruptura de la Dignitatis humanae con el magisterio precedente aparece muchas veces la expresión “derecho al error”. Pero el uso de la fórmula suele ser tan equívoco que uno se queda con la impresión de estar ante una discusión de sordos, en la que una parte afirma, y la otra niega, que la DH haya consagrado un “derecho al error”, sin que ninguno pueda precisar el significado de esa fórmula.

Comencemos por señalar que hay dos expresiones relacionadas que ha empleado el magisterio sobre las que conviene decir algo. Al menos desde Pío XII se habla de los “derechos de la verdad”, con un giro idiomático que significa: el derecho del hombre a buscar, poseer y profesar la verdad religiosa. Y correlativamente, con la expresión “el error no tiene derechos” se quiere decir que el hombre no tiene derecho a buscar el error, a mantenerse en él, a profesarlo públicamente y difundirlo.

Estas expresiones, que pueden tener claridad suficiente en un plano moral se muestran insuficientes en un plano jurídico, que es la perspectiva de la declaración DH. En efecto, en todo derecho subjetivo hay que distinguir ciertos elementos: sujetos (activo y pasivo), objeto (lo debido al sujeto activo) y fundamento (el título fundante). De modo que la expresión “derecho al error” referida al sujeto activo significaría que el titular del derecho está en el error religioso (=derecho de los sujetos equivocados, pues referida al sujeto pasivo no tiene sentido), si alude al objeto, querría decir que lo debido al titular de la relación jurídica es un error religioso (=derecho a una conducta religiosa errónea) y si se aplica al fundamento quiere decir que el título del derecho subjetivo es el error religioso. El significado, en el primer supuesto, no debiera ofrecer dificultad, puesto que es claro que los equivocados en materia religiosa no dejan de ser personas por su error religioso, por lo que son sujetos de diversos derechos, naturales y positivos. El segundo supuesto, muestra cómo la confusión entre moral y derecho interfiere en la comprensión del tema: en sentido propio, el error religioso no puede ser objeto de una relación jurídica, pues no tiene entidad; el objeto de un derecho subjetivo es la conducta jurídica. Esa conducta jurídica debe ser algo bueno en sí, o al menos moralmente indiferente, con capacidad de ser ordenado al bien, porque la existencia de un derecho en una persona implica  en otras personas el deber de reconocer y respetar ese derecho, y en el sujeto pasivo de la relación jurídica, el deber de poner en acto el objeto. Ahora bien, una persona no puede tener el deber natural de poner en acto un objeto intrínsecamente inmoral. Por lo que hay que preguntarse: ¿la inmunidad de coacción debida al titular es algo intrínsecamente inmoral? Claramente no, de suyo no es inmoral una conducta omisiva, que consiste en un no impedir. Omisión que es ordenable al bien común. Por último, la expresión “derecho al error” no tiene sentido referida al fundamento del derecho subjetivo, porque el error como tal no tiene consistencia metafísica para fundar derechos; y porque la DH ha tomado como fundamento natural la dignidad del ser humano y el fin de la comunidad política como límite al poder coactivo del Estado.

Una vez más, hay que reiterar la diferencia entre licitud jurídica y la licitud moral. Las normas de derecho natural regulan la actividad con respecto a los demás; no miran directamente a la perfección ética del agente, sino al orden social externo de la justicia. Toda actividad que no lo perturbe se considerará, pues, jurídicamente lícita o permitida, aunque no vaya acompañada de ánimo justo y falte la rectitud moral de otras virtudes. La calificación de licitud debe hacerse sólo atendiendo al orden social externo u objetivo que persigue el Derecho como fin (ad alterum); no al bien estrictamente ético, en su integridad, de la persona titular. En consecuencia, cabe la posibilidad de que el ejercicio de un derecho subjetivo sea jurídicamente lícito y éticamente defectuoso. Ejemplo: me es jurídicamente licito usar de mi vino como se me antoje, siempre que no perturbe a los demás. Si abuso de él en privado, faltaré a normas éticas de templanza, pero no a las normas jurídicas. Si no lo hago en público por miedo a una “ley seca”, faltará a mi conducta privada la interna rectitud ética de la justicia-virtud-moral; pero —en principio— mi conducta se considerará jurídicamente lícita, porque no habré faltado a aquella otra justicia—orden más imperfecta.

Cabe recordar que recientes documentos magisteriales de peso (Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2108; Compendio, n. 421), que valen como interpretación auténtica de la DH, niegan el supuesto derecho al error.

2.  ¿La DH reconoce un derecho a la difusión del error?

En los debates conciliares y post-conciliares se planteó la cuestión de la difusión del error religioso mediante la propaganda y en concreto el denominado proselitismo. La redacción farragosa y circiterista de la DH ha contribuido a incrementar la confusión en este punto, especialmente el n. 4 con su distinción entre el proselitismo normal y el proselitismo abusivo. A pesar de las redundancias de la DH, como ya lo hemos visto al tratar la cuestión de los límites a la libertad religiosa, resulta claro que la inmunidad de coacción para la propaganda de errores religiosos está subordinada a las exigencias del bien común, que es el criterio que determina los límites a la libertad de coacción. Y así, por ejemplo, no hay derecho a practicar el arrianismo, ni a difundirlo, pero los arrianos pueden exigir no ser coaccionados cuando su conducta no sea nociva para el bien común.

Esta interpretación se apoya en la respuesta de la Comisión redactora de la DH a una de las objeciones: Nullibi affirmatur nec affirmare licet (quod evidens est) dari ius ad errorem diffundendum. Si autem personae errorem diffundunt, hoc no est exercitium iuris, sed abusus eius (ACTA SYNODALIA SACROSANTI CONCILII OECUMENICI VATICANI II, Typis Polyglottis Vaticanis, vol. IV, pars VI, p. 725). En los primeros comentaristas de la DH se repite la misma puntualización. Dos ejemplos: el P. Hermenegildo Lío, afirmaba que el principio de la primacía del orden moral objetivo, repetido numerosas veces en la declaración conciliar, hace que el derecho de libertad religiosa sea “delimitado por la misma norma moral objetiva, que establece objetivamente una jerarquía en la multiplicidad de los derechos y los deberes. En virtud de que, según el orden moral objetivo, no puede existir un derecho a difundir el error, precisamente porque es error, que es siempre un desorden objetivo, la declaración conciliar no afirma en ninguna parte tal derecho” (Cfr. RELACIONES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE TEOLOGIA DEL CONCILIO VATICANO II, publicadas en L’Osservatore Romano, edición en lengua española, Nº 733 del 29 de noviembre de 1966., ps. 6-7); y Eustaquio Guerrero: “en ninguna parte ha dicho ni ha podido decir el Concilio, que la persona humana tiene derecho a propagar el error y a escandalizar a otras personas y privarlas, con esa propaganda, del bien de la verdad religiosa que poseen” (Cfr. LIBERTAD RELIGIOSA. Madrid, 1966, p. 431).

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